miércoles, agosto 29

Procesan a estafador que vendió una misma propiedad a dos personas


Un empresario del sector inmobiliario, que vendió un mismo inmueble a dos personas, fue acusado en la  mañana de este miércoles por la agente fiscal Liz Carolina Alfonzo. El embaucador está identificado como Jorge Fernando Rulli González, para quien la representante del Ministerio Público pidió juicio oral, en el marco de una investigación por la comisión del hecho punible contra el patrimonio (estafa).

La denuncia fue presentada por María Alicia Ibarra González, quien dijo haber pagado 50 mil dólares americanos por la propiedad, individualizada como lotes 13,14 15 de la finca 4584 de Ciudad del Este. La denunciante manifestó que pagó en forma fraccionada por el inmueble. La primera entrega realizó el 7 de julio de 2010 y la última 20 de enero del 2012. Sin embargo, Rulli Fernández posteriormente volvió a vender  el inmueble a Nabil Abou  Saleh Notario, quien inmediatamente inició los trámites y consiguió titular la propiedad. De esta manera el empresario ocasionó un grave perjuicio económico a María Ibarra, quien decidió presentar la denuncia en la Fiscalía. La agente fiscal Liz Alfonzo primeramente presentó la imputación contra el presunto estafador  y luego de reunir los elementos incriminatorios decidió la presentación de la acusación, que se produjo esta mañana. El acto conclusivo fue planteado en el Juzgado Penal de Garantías número 2, a cargo de Amílcar Marecos.

Mas estafadores

El Ministerio Público presentó imputación contra una comerciante por supuesta estafa y solicitó su rebeldía al Juzgado Penal de Garantías, además que se ordene su captura nacional, atendiendo que nunca se presentó a la Fiscalía pese a las reiteradas citaciones. Se trata de Braulia Antonia López Medina, quien se encuentra con paradero desconocido. La imputación fue presentada por el agente fiscal Ángel Aveiro, tras la denuncia promovida por la víctima, Hugo  Jonathan Robledo, quien declaró que la mujer le entregó un cheque de 5.800.000 guaraníes como parte de pago por una transacción comercial. Sin embargo, el documento de pago diferido fue rechazado cuando se presentó en ventanilla del banco por estar con cuenta cancelada. A raíz de esta situación, el afectado promovió la acción penal contra la comerciante, quien nunca se puso a disposición de la Justicia y permanece prófuga, según refiere el escrito fiscal. La misma una vez detenida debe ser puesta a disposición de la Fiscalía para que se le dé oportunidad de prestar declaración indagatoria o su abstención en caso de que así lo requiera. 

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