Un presunto reducidor de objetos robados fue procesado por
la Fiscalía y puesto a disposición del Juzgado Penal de Garantías, el mismo está
identificado como Diego Emmanuel
Paniagua Ojeda, quien está imputado por reducción.
El mismo fue detenido el 13 de julio último, a las 14:40,
por agentes policiales sobre la avenida Mariscal López de la supercarretera,
frente a “Empanadas Tovías”, en el momento en que se desplazaba en una
motocicleta Star, 150, rojo, sin chapa. El hombre tenía en su poder una mochila
que contenía documentos varios y tres aparatos celulares, dos Black Berry y una
de la marca Nokia, además de baterías y cargadores. La aprehensión del
sospechado se produjo luego de una denuncia promovida por Natalia López Rojas,
quien declaró que el 4 de julio pasado fue atacada por dos hombres en el barrio
Ciudad Nueva y despojada de su teléfono celular y otras pertenencias. Uno de
los celulares hallados en poder del encausado pertenece justamente a la citada
mujer, según los datos. El procesado declaró que adquirió el celular de un
conocido, identificado como Rafael, por la suma de 100 mil guaraníes. La
imputación fue presentada por la agente fiscal Vilma González.
Buscan a estafador
La agente fiscal Vilma González Contreras presentó
imputación contra un presunto estafador y pidió al juzgado que declare su
rebeldía. El encausado está identificado como Julio Miguel Marzal Aguilar, con
domicilio en el barrio La Blanca de Ciudad del Este, quien se encuentra con
paradero desconocido. La denuncia en su contra fue presentada por Rosa
Bernardita Lugo Velázquez, administradora de la empresa Agrícola Alto Paraná
S.A., en la oficina del Departamento de Delitos Económicos de la Policía
Nacional, el 6 de julio del presente año. Según la acción, el sospechado
adquirió varios implementos agrícolas, como ser motor hidráulico, motor
trifásico y pulverizadores de la citada firma por valor cercano a los 60
millones de guaraníes. Marzal Aguilar pagó la compra con tres cheques librados
por Julio Berges y que el mismo había endosado. Sin embargo, los mandatos
escritos de pago fueron rechazados por el Banco Regional por estar con cuenta
cancelada, según resalta el escrito de imputación. El hecho fue comunicado al
Ministerio Público y la agente fiscal González Conteras determinó el procesamiento
del encausado.
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