El procurador general de la República, Enrique García, mencionó hoy que los denominados “carperos” están evaluando la posibilidad de aceptar las tierras ofrecidas por el Gobierno por considerar que es el camino para evitar la violencia. A la reunión no fue invitado el polémico dirigente Victoriano López, según el informe oficial divulgado por el Portal de Noticias de la Presidencia de la Republica. (Foto: Campamento de los Carperos - Mariana Ladaga)
Las declaraciones de García se dieron luego de la reunión que mantuvieron representantes del Poder Ejecutivo y dirigentes campesinos en la búsqueda de solución al conflicto de tierras en la zona de Ñacunday, Alto Paraná.
“Están evaluando, me parece, la posibilidad, nosotros no tenemos todavía respuesta pero estamos confiados que es un camino para evitar la violencia”, señaló el Procurador a medios de prensa en la Sede Gubernativa.
“No tenemos todavía una respuesta porque todos estamos buscando limpiar la información de manera a concretar la oferta de la tierra disponible para el traslado del campamento”, aclaró García, tras el encuentro con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel López Perito; el presidente del INDERT, Marciano Barreto; el asesor jurídico del Gobierno, Emilio Camacho; el gobernador de San Pedro, José Gregorio Ledesma, y el dirigente José Rodríguez.
Acerca de las 30 mil hectáreas ofrecidas, confirmó que no se trata “de un solo cuerpo”. “Lo que sale del INDERT es una información documental de que existen lotes de colonias antiguas del INDERT, que según los registros preliminares, no estarían adjudicados y en algún caso tampoco solicitado, lo que da superficie sumando eso de una dimensión aproximada a lo que se señaló”, dijo.
“No se habló nunca de que se trata de un solo cuerpo de inmueble y esas tierras van a ser, primero inventariadas en la información documental y segundo verificadas en el terreno con gente de Presidencia, de INDERT y del Instituto Geográfico Militar que están trabajando en el lugar para poder situar materialmente la tierra y ponerla a disposición, primero del Estado; y segundo de las comisiones vecinales solicitantes como la de “Santa Lucía” que es, digamos, la principal reclamante en el caso Ñacunday”, expresó.
También comentó que ya llegó la propuesta a los solicitantes y que el trabajo técnico en el lugar ya se está haciendo lo más aceleradamente que se pueda para poder materializar el traspaso.
“No se olviden ustedes que hay una orden de desalojo, hay un mandato judicial y hay una convicción del Gobierno de producir el cumplimiento del mandato judicial evitando la violencia, por eso es que esta reunión se están orientando a limpiar la información y a dar los pasos que se tengan que dar para poder consolidar un traslado aunque este traslado sea provisorio y aunque se tengan que replantear en sus ritmos naturales en la lucha por la recuperación de tierras, si es el caso, por la discusión de la legitimidad de los títulos, y por la entrega al campesinado en el marco de la reforma agraria”, indicó.

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